Las tecnologías de la información y las comunicaciones han establecido un nuevo orden en lo relativo a las relaciones de los seres humanos y de la sociedad en general. La Administración Pública no puede quedar al margen del cambio. Debe fomentar el uso de las nuevas tecnologías en sus relaciones con el ciudadano. Estos deben ser beneficiados en sus trámites con la Administración facilitando así la comunicación, la eficacia y evitando desplazamientos innecesarios.
Las nuevas leyes administrativas (Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas y Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público) tienen como finalidad principal dotar a nuestro sistema legal de un derecho administrativo sistemático, coherente y ordenado. En ellas se aborda una reforma integral de la organización y funcionamiento de las Administraciones articulada en dos ejes fundamentales: la ordenación de las relaciones ad extra de las Administraciones con los ciudadanos y empresas, y la regulación ad intra del funcionamiento interno de cada Administración y de las relaciones entre ellas. Hoy en día, la tramitación electrónica no puede ser todavía una forma especial de gestión de los procedimientos sino que debe constituir la actuación habitual de las Administraciones.
Hablamos, por tanto, de una Administración sin papel basada en un funcionamiento íntegramente electrónico que se configura, no solo como un sistema de mejora de los principios de eficacia y eficiencia, al ahorrar costes a ciudadanos y empresas, sino que también refuerza las garantías de los interesados.
Funcionarios de la Administración Pública Estatal, Autonómica y Local que deseen adquirir conocimientos en esta materia que a corto plazo será una realidad en el trato del ciudadano con la Administración Pública.
El presente curso permite dotar al alumno de los conocimientos necesarios para entender en qué consiste la Administración electrónica, tanto desde el punto de vista técnico (ofreciendo una visión sencilla y práctica sobre los mecanismos de criptografía y firma digital o electrónica) así como desde el punto de vista jurídico.
No se requiere ningún requisito esencial, salvo las ganas de aprender.
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