El principio de buena administración ha adquirido en la actualidad una gran importancia para el Derecho administrativo hasta el punto de ser calificado como un nuevo paradigma del Derecho del siglo XXI. El Tribunal Supremo lo ha definido como un modo de actuación pública que excluye la gestión negligente y se impone a las Administraciones públicas.
Al mismo tiempo, la transformación digital es uno de los desafíos de las sociedades contemporáneas y un reto para las Administraciones públicas. En el Derecho español, el proceso hacia una Administración totalmente electrónica fue impulsado en el Derecho español por las Leyes 39/2015, 40/2015 y 9/2017, y fomenta la innovación y modernización del sector público, aunque con su falta de implantación y retrasos tiene por delante todavía mucho camino por recorrer para alcanzar el nivel deseado.
Resulta decisiva en este sentido la innovación para que las tecnologías pueden suponer una verdadera mejora de la actividad pública y de los servicios prestados a los ciudadanos. Las políticas y actuaciones digitales deben elaborarse y aplicarse en clave de innovación.
La contratación pública electrónica impulsada de forma decisiva por el Derecho de la Unión Europea resulta en la actualidad plenamente exigible en España por lo que resulta de importancia el análisis de sus principales herramientas y conceptos, así como de los pronunciamientos al respecto de los tribunales de recursos contractuales y las juntas consultivas.
Funcionarios públicos, directivos de contratación, asesores legales, profesionales de TI en el sector público, consultores de innovación, miembros de tribunales de recursos contractuales, y estudiantes de Derecho Administrativo, con el objetivo de mejorar sus habilidades en buena administración, tecnología e innovación en contratación pública.
Proporcionar un conocimiento profundo del principio de buena administración, la transformación digital, y la innovación en la contratación pública, analizando sus implicaciones legales, herramientas principales y mejores prácticas para mejorar la actividad y los servicios públicos.
No son necesarios requisitos previos.
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