La institución universitaria ha sufrido fuertes cambios en la últimas tres décadas. Se hace necesario tener en cuenta que hoy en día existen una gran cantidad de Universidades en las que se imparten una gran variedad de titulaciones.
Dicho escenario hace necesario realizar una nueva ordenación de la actividad universitaria que debe sistematizar y actualizar los múltiples aspectos académicos, de docencia, de investigación y de gestión, que permitan a las Universidades abordar, en el marco de la sociedad de la información y el conocimiento, los retos derivados de la innovación en las formas de generación y transmisión del conocimiento.
La formación y el conocimiento son factores clave en un escenario, caracterizado por vertiginosas transformaciones en los ámbitos sociales y económicos y en el que la sociedad demanda profesionales con el elevado nivel cultural, científico y técnico que sólo la enseñanza universitaria es capaz de proporcionar.
La Ley de Universidades pretende dotar al sistema universitario de un marco normativo que estimule el dinamismo de la comunidad universitaria, mejore su calidad y sirva para generar bienestar así como mejorar el sistema universitario en su conjunto y en todas y cada una de sus vertientes.
En este sentido, no debemos olvidar que nuestra Ley de Universidades ha sufrido modificaciones tendentes no sólo a potenciar la autonomía de las Universidades sino también a potenciar el papel y la responsabilidad de todos los agentes del sistema universitario y diversas cuestiones relativas a la contratación del profesorado y la adecuación de las Universidades españolas al Espacio Europeo de la Enseñanza Superior.
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